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EL GOBIERNO DE CANARIAS INCUMPLE LA LEY

August 11, 2015

Mujer de 48 años. Al comienzo de la crisis queda en desempleo y se ve obligada a ejercer la prostitución para subsistir. En 2010 queda en situación de calle por no poder seguir pagando en piso de alquiler donde vivía. En este periodo sufre episodios de violencia e intentos de abuso sexual. Genera un problema crónico de salud. 

 

Hace un año comenzó a percibir la Prestación Canaria de Inserción después de 9 meses esperando por ella. A través de la intervención social con ella y la garantía de ingresos mínimos se consigue normalizar su situación residencial, su ajuste afectivo y comienza a plantearse el abandono de la prostitución.

 

El mes que viene YA NO COBRARÁ LA P.C.I. pues el Gobierno de Canarias se ha quedado sin dinero desde marzo para renovar esta prestación a cualquier familia de Canarias.

 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES FUNDAMENTALES:  Dependencia económica (fundamental o accesoria); Deterioro relaciones y vínculos afectivos; Exclusión del mercado de trabajo; Insuficiente/nulo apoyo social de red primaria; Pertenencia a colectivo estigmatizado; Pobreza relativa; Trastornos adaptativos básicos. 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL: EXCLUSIÓN SOCIAL GRAVE.

 

PRONÓSTICO: en un periodo inferior a 3 meses volverá a situación de calle por no disponer de ingresos y se vendrá abajo el avance logrado en la mejora de su situación social y personal.

 

 

 

SITUACIÓN DE LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN. 

 

El 80% de las solicitudes de PCI presentadas en 2015 a la Consejería competente en la materia, ESTÁN SIN RESOLVER. Miles de familias en Canarias están esperando por la PCI desde, hace incluso, 8 meses. La Ley que regula la PCI obliga a la Consejería a resolver en un plazo máximo de 2 meses. Debido a que el dinero para la PCI se agotó en marzo de este año, la Consejería tiene literalmente "parada" la resolución de las solicitudes, habiéndose agotado el plazo legal para hacerlo.

 

Recordemos que el perfil social de las familias que presentan la solicitud de PCI es de EXCLUSIÓN SOCIAL o riesgo de padecerla, y que el 90% no percibe ingresos por haber agotado el derecho a todas las prestaciones. Por esta razón, su situación es grave, y conlleva numerosos riesgos de sufrir desajustes psicosociales graves. Así mismo, las consecuencias en la población infantil pueden ser irreversibles.

Esta es una realidad que se repite año tras año desde la puesta en marcha de la PCI en 2007. Las políticas de abordaje de la exclusión social en Canarias son de las más deficitarias de todo el estado español, siendo una de las Comunidades Autónomas con mayor incidencia de esta problemática estructural.

 

Y lo más alarmante, aún el nuevo Gobierno Autónomo no ha pronunciado ni una sola palabra en cuanto a la PCI ni soluciones al respecto.

 

Me pregunto hasta cuándo el abordaje palitivo, improvisado y residual de la pobreza y exclusión social por parte del Ejecutivo canario. 

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