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En Canarias se pretende luchar contra la exclusión social con la Prestación Canaria de Inserción (PCI), sin acompañarla de políticas suficientes y eficaces que promuevan el acceso (de verdad y no en el papel) a los derechos políticos, económicos y sociales de los colectivos con especiales dificultades de integración. Por esta razón Canaria se encuentra entre las Comunidades Autónomas con los índices más alto de riesgo de pobreza (33,2 %) (INE, 2013) del territorio nacional, la antesala de la exclusión. Es entonces cuando la PCI se convierte en un “analgésico social” para las personas afectadas por exclusión social y pobreza; que ayuda a aliviar el “dolor” y reducir “la ansiedad”, pero que no es más que un “tratamiento” provisional para un problema grave que, en un abrir y cerrar de ojos, se volverá crónico si no se aborda su raíz.
No podemos pretender que las personas obtengan cambios radicales en sus vidas y consigan la inclusión social después de recibir un Renta Mínima de Inserción (RMI) y participar en un plan de intervención durante dos años, porque la exclusión social es una problemática de origen principalmente estructural. La raíz del problema ha de abordarse con soluciones del mismo nivel que la ocasionaron, es decir, soluciones estructurales, y la RMI no lo es.
El concepto de Exclusión Social se trataba en sus inicios de un término difuso, pero en la actualidad goza de un consenso teórico y acuerdo en determinadas características definitorias. Diversos autores coindicen en que la exclusión social es un fenómeno (1) heterogéneo, (2) multidimensional y multifactorial (3) procesual y (4) causado fundamentalmente por factores de tipo estructural, derivados de las transformaciones propias de las sociedades postindustriales: empleo precario y de baja calidad, la pérdida de la capacidad integradora de la institución familiar y las dificultades de cobertura del Estado de Bienestar (Tezanos, 1999; Laparra y Aguilar, 1995; Laparra, 2001; Laparra, et al. 2007; Hernández, 2008; Brugué, Gomá y Subirats, 2002; Subirats y Gomá, 2003; Subirats, 2004; Raya, 2006).
Aunque la mayoría coincide en la etiología estructural del fenómeno, existe además otros dos enfoques diferenciados: aquél que pone el acento en la conducta individual (conductual) y otro en los procesos político-ideológicos. El primero entiende que las personas en exclusión son aquellas que se desvían de las normas y estilos de vida de la mayoría de la sociedad, fundamentalmente, por falta de incentivos y motivación. Para abordarla propone la reeducación (social y moral) y la reducción de subsidios públicos, los cuales son percibidos como incentivos negativos. El enfoque político – ideológico considera que la exclusión está causada por la discriminación social activa y prejuicios por razones de edad, etnia, estilo de vida y/o características personales (racismo, machismo, meritocracia, etc.), por lo que propone intervenciones a nivel estatal y local para favorecer la integración de los colectivos socialmente estigmatizados (Laparra, et al. 2007).
Esta delimitación es puramente conceptual y pedagógica. Los tres enfoques son totalmente complementarios (no excluyentes). Es más, en la práctica las situaciones vienen determinadas por factores de los tres niveles (multifactorialidad). Sin embargo, el o la profesional que interviene con casos de exclusión social ha de tener claro que la exclusión deviene en mayor medida de causas de nivel macro social, más que individuales, relacionadas directamente con transformaciones propias de las sociedades postindustriales y la discriminación social hacia colectivos con determinadas características.
LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN NO LOGRA LA INCLUSIÓN.
Diversos autores coinciden en considerar que la exclusión social una problemática que se refleja en barreras o dificultades de acceso en los ejes económico, político y socio-relacional (Laparra, et al., 2007; Subirats, 2004; Raya, 2006) y afecta a distintas dimensiones de la persona. En la tabla 1 se exponen de manera sintetizada.
Ahora bien, teniendo en cuenta la tabla anterior, ¿A qué dimensiones se le puede dar acceso a una persona a través de la PCI? ¿Con ella se puede influir en el nivel de desempleo estatal? ¿Y en la escasez de viviendas de promoción pública? ¿Y en la discriminación que hace el mercado de trabajo a personas mayores de 45 años? ¿Y en las restricciones de acceso a la cobertura sanitaria para personas en situación administrativa irregular? Me temo que no.
Hemos de ser realistas: las rentas mínimas de inserción y los trabajos marginales (convenios de trabajo de Ayuntamientos) no integran, pues por sí solos no garantizan el acceso a la totalidad de los derechos sociales, políticos y económicos que conforman el estatus de ciudadanía. El Gobierno Autónomo puede garantizar unos ingresos mínimos durante dos años, y los y las profesionales podemos trabajar en conjunto con la persona para que aprenda (o reaprenda) a “tocar en la puerta”, pero no servirá de mucho si finalmente la sociedad y el sistema se la cierra en la cara o directamente no la abre. Los y las profesionales que llevamos a cabo intervenciones con casos y familias afectados por esta problemática (nivel micro social), tenemos que ser conscientes que a través de esos métodos -de casos- no podemos influir en las variables meso y macro que inciden en los problemas de exclusión con los que trabajamos, y tampoco puede hacerlo la persona.
Si es cierto que hay aspectos en las que una persona puede obtener altos niveles dominio, con o sin nuestra ayuda: estados emocionales, bienestar subjetivo, actitud ante la vida y los problemas, resistencia, habilidades sociales, formación y cualificación profesional, etc. Sin embargo esto, aunque son elementos importantes para la persona y su situación, no es inclusión social. La inclusión no es un asunto de unas pocas personas, es asunto de todas. No solo depende de lo que sabe o puede hacer la persona, sino a lo que el sistema “le permite” acceder con eso que sabe o puede hacer. La cuestión no es que la persona quiera pedir trabajo y estar cualificado o cualificada para él, es que se lo den. La cuestión no está en que le garanticen la cobertura sanitaria, sino en disponer de dinero para pagar los medicamentos. En definitiva, la cuestión no es querer, es poder… Resulta bonito y suena bien decirle a una persona que tiene todo en su mano para “salir a delante”, pero es una afirmación perversa y una “distorsión cognitiva” por nuestra parte, que puede generar en la persona, al ver que no consigue su integración plena, sentimientos de culpabilidad, desánimo e indefensión aprendida. Con lo cual añadimos más precariedad.
La realidad actual, es que las miles de familias canarias perceptoras de la PCI, pasan por este programa durante 2 años y acaban en una situación igual o peor que la que tenían cuando accedieron a él. Con el agravante que sólo pueden cobrarla una vez en la vida. Sí, como lo oyes. En esto también es pionera Canarias, en dar una prestación de corta duración para abordar una situación que, por naturaleza, es de larga recuperación.
ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL: HACIA ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN MULTINIVEL.
Dado que la exclusión social es una problemática de origen principalmente estructural, no podemos pretender que las personas obtengan cambios radicales en sus vidas y terminen perfectamente integrados después de su participación en un plan de intervención individual/familiar. La raíz del problema se aborda con soluciones del mismo nivel que la ocasionaron, es decir, soluciones estructurales. Por esta razón, el abordaje de la exclusión social ha de combinar la intervención individual/familiar con políticas y recursos que suficientes y adecuados que faciliten la inclusión efectiva de las personas. Esto conlleva, no sólo un trabajo e intervención con las personas excluidas, sino también con los agentes que excluyen (personas, colectivos, políticas, instituciones, leyes, etc.).
A este respecto, la labor del Trabajo Social en situaciones de exclusión social es implementar estrategias integrando tres modelos de intervención complementariamente: el trabajo de casos, la intervención comunitaria y la intervención activista. La intervención activista o radical se ubican dentro del paradigma crítico y persigue el cambio social emancipador (Healy, 2001), el mantenimiento y la mejora de políticas activas de integración social, especialmente para que el sistema educativo, de empleo y de protección social, aumenten su capacidad integradora.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, me gustaría, sin ánimo de ser exhaustivo, proponer algunas orientaciones generales para la intervención social con situaciones de exclusión social.
Presuposiciones básicas para la intervención de casos.
La persona es la primera que desea mejorar su vida.
La persona no es culpable de su situación, pero sí responsable de su cambio, eso sí, únicamente en cuanto a los factores que están bajo su influencia directa (plano individual-relacional).
La persona puede influir en determinadas variables individuales – relacionales, pero no en el resto de factores para su integración de niveles meso y macro.
La intervención con casos se mueve dentro de un margen de maniobra con unos límites acotados a lo micro: ambiente psicosocial, conductas, capacidades, creencias y valores.
La intervención de casos va a consistir en mejorar las condiciones de vida, promover las fortalezas, prevenir riesgos y mejorar la salud psicosocial. Es este último se encuentra el bienestar subjetivo, el desarrollo personal (autoestima, autonomía, sentido y significado), la resiliencia y la convivencia y las relaciones positivas.
Las RMI y los programas de integración social individualizados, por sí solos, no logran la inclusión social.
Actuaciones profesionales generales.
Facilitar un contexto de colaboración y participación, no de imposición y control.
Tener paciencia, los cambios en situaciones de exclusión social graves o crónicas se ven a largo plazo. Respeta los ritmos personales de cada cual.
Emplear las energías y esfuerzos no solo en apagar fuegos, sino en sembrar para el futuro: atiende las debilidades pero potencia la resiliencia, es una inversión de futuro segura para la persona y su entorno.
Programar intervenciones multidisciplinares y en red.
Trabajar en lo micro a la par que influyes en lo macro en la medida de tus posibilidades (Intervención Multinivel).
Reivindicar los derechos sociales y la justicia social. Empezar por limpiar la propia casa antes de ir a la del vecino (tú mismo/a, tu familia, tus amistades y entorno laboral). Es una actitud de congruencia.
Realizar formación continua y lee sobre muchos temas diversos (jurídicos, políticos, filosóficos, psicológicos, etc.); la exclusión social es un ámbito tan amplio que requiere de cantidad de conocimientos.
REFERENCIAS.
Abrahamson, P. (1997). Exclusión Social en Europa: ¿vino viejo en odres nuevos? En L. Moreno. Unión Europea y Estado de Bienestar. Madrid: CSIC.
Brugue, Q., Gomá, R. y Subirats, J. (2002). De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas. Revista internacional de sociología, 33, 7-45.
Cabrera, P. (2002). Cárcel y exclusión. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 35, 83-120.
Healy, K. (2001). Trabajo social: perspectivas contemporáneas. Madrid: Morata.
Hernandez, M. (2008). Pobreza y exclusión en las sociedades del conocimiento. En M. Hernández (Coord). Exclusión social y desigualdad. Murcia: Universidad de Murcia.
INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2013
Laparra, M. (2001). Una perspectiva de conjunto sobre el espacio social de la exclusión. Pobreza y exclusión: La “malla de seguridad”. España. Luis Moren. CSIC Politeya, Madrid.
Laparra, M., Obradors, A., Pérez, B., Renes, V., Sarasa, S., Subirats, J. y Trujillo, M. (2007). Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas. Revista española del Tercer Sector, 5: 15 – 57.
Laparra, M., Gaviria, M. y Aguilar, M. (1997). Peculiaridades de la exclusión social en España. La sociedad exclusógena: precariedad, exclusión y marginación. La Cristalera. Revista de Asuntos Sociales, 7, 15-21.
Raya, E. (2006). Indicadores de exclusión social. Una aproximación al estudio aplicado de la exclusión. País Vasco. Universidad del País Vasco
Subirats, J. y Gomá, R. (dir.) (2003). Un paso más hacia la inclusión social. Generación de conocimiento, políticas y prácticas para la inclusión social. Plataforma de ONGs de Acción Social, en http:// www.plataformaong.org/upload/88/94/ un_paso_mas_hacia_ la_inclusion_social.pdf
Subirats, J. (2004). Pobreza y exclusión. Un análisis de la realidad española y europea. Colección de estudios sociales nº 16. Barcelona. Fundación La Caixa.
Tezanos, J. F. (2001). La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas avanzadas. Madrid: Biblioteca Nueva.
Tezanos, J.F. (1999). Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades avanzadas. Un marco para el análisis. En J.F. Tezanos (ed.). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales. Madrid: Sistema.