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Puedes acceder aquí a los siguientes documentos:
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El 14 de febrero entrará en vigor la nueva Ley que regula la PCI y que viene a sustituir a la hasta ahora vigente, del año 2007.
Desde el año 2011 se han realizando unas tres propuestas de modificación de la Ley por parte de Gobierno Autonómico y a petición de los agentes sociales, principalmente de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de ambas provincias canarias. Éstos colegios, junto con la Comisión Especializada en Trabajo Social, Exclusión Social y PCI, la cual coordino, hemos realizado informes reiteradamente para proponer cambios y formular alegaciones a las modificaciones propuestas por el Gobierno, en ocasiones por consideralas injustas y otras por resultar insuficientes o inapropiadas para la realidad social actual y el colectivo al que va dirigida esta prestación.
La nueva Ley destaca por lo siguiente con respecto a la anterior:
Se hace explícito que la prestación va dirigida a exclusión social o riesgo. Se definen los conceptos y algunas dimensiones e indicadores (Exclusión definida desde un enfoque reduccionista, de etiología económico-laboral).
Da amparo explícito a colectivos de personas que, aún no estando en situación de exclusión social, han agotado el derecho a todas las prestaciones (Riesgo de exclusión social).
Requisitos más "blandos" en general, permitiendo el acceso a mayor cantidad de colectivos.
Simplificación administrativa de la gestión de la prestación: reducción de 9 a 4 meses el tiempo de tramitación y reducción de la documentación a presentar por la persona solicitante.